ACTUALIZACIÓN CASO OVIEDO

Agotados los recursos jurídicos a nivel nacional, llevamos el caso al CEDAW, para que se haga justicia.

Recordando lo ocurrido

En el mundo de las barbaridades obstétricas, el caso Oviedo ya se ha hecho famoso. Una mujer decide parir en casa, está informada y ha contratado un equipo de profesionales cualificados para acompañarla. Al alargarse su embarazo, decide acudir al hospital a comprobar que todo seguía bien para poder decidir si seguir con el parto en casa u optar por un parto hospitalario. Y ese día, ocurren dos cosas: por una parte, comprueba que tanto ella como su bebé se encontraban perfectamente, y por otra, se encuentra con la prepotencia y los prejuicios de un obstetra sobre el parto en casa y la libertad individual de las mujeres para decidir por si mismas. Y a pesar de que todo estaba bien decidió obligarla a hacer lo que él quería, con la ayuda de una jueza.

De ahí empezó una serie negra de fallos, tanto del sistema de salud público como del sistema judicial. Pasándose la pelota del uno al otro para respaldarse mutuamente sin tener que asumir consecuencias ninguno de los dos.

Tras hablar con el obstetra y negarse, éste, a darle una copia de los informes y las pruebas realizada ese día, la mujer sale para pedir la opinión de otro profesional (llamando a su matrona privada). Después de la llamada, al regresar a la consulta del obstetra se encuentra con que han cerrado el servicio y ya no queda nadie a quién comunicar su decisión, así que ella y su pareja regresan a su domicilio, con contracciones esporádicas.

Esa misma noche, se puso espontáneamente de parto, en su casa y, al día siguiente, encontrándose ella en su piscina de parto, acompañada de su matrona, vio irrumpir en su casa la policía, con una orden judicial para trasladarla forzosamente al Hospital Universitario Central de Asturias para someterla a una inducción. Obviamente una inducción del parto no tiene sentido cuando el parto ya ha empezado. Obviamente, la matrona que la acompañaba controlaba el bienestar tanto de la madre como del bebé y ninguno de los dos corría peligro. Lo único que querían era tenerla entre rejas invisibles. Tras tres días de secuestro y malos tratos constantes, su hija nació por cesárea. La cesárea fue una de las tantas innecesarias, consecuencia directa de lo sucedido, que hizo imposible que el parto progresara como lo habría hecho en libertad.

Justicia elitista

Ya es el tercer crowdfunding que realizamos, desde Parir en Libertad, para costear los gastos judiciales de este caso. No lo hemos hecho con intención de que compensen, con papel numerado, una ínfima parte del daño generado. Esto no es posible, el dinero no borra los traumas ni devuelve las experiencias robadas. Lo hemos hecho para que, cuando vuelva a pasar semejante abuso, la mujer que lo viva pueda, al menos, defenderse con el juicio que estoy segura de que, finalmente, ganaremos. Porque aunque en España los obstetras y el sistema sanitario niegan que la violencia obstétrica existe -como cual violador mentiroso- en la ONU este tema tiene nombre y apellido.

Por ahora, sumando el dinero aportado por la familia y el que se recaudó las dos anteriores veces, alcanzamos la suma vertiginosa de unos 30.000€ de gastos. De momento, sólo hemos visto teatro: la justicia, fardándose de proteger al ciudadano, defiende a los lobos que nos atacan. Y mientras tanto, la máquina sigue engullendo dinero para que los jueces miren para otro lado, nieguen lo innegable y siga sin existir la justicia. Pero hemos llegado a donde queríamos llegar, y es que esperamos que arriba, en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), empiece a reinar la cordura.

Como veis, la justicia, sin vuestro apoyo, es inalcanzable. Así que hacemos este tercer llamamiento, pero esta vez, decido hacerlo yo misma, dando la cara, contaros mi vivencia, relataros los hechos en primera persona. Obviamente y por suerte, sigo teniendo todo un equipo que me apoya y me rodea. Siempre he estado presente en los anteriores crowdfunding, pero en la sombra, en el anonimato, a escondidas. Basta ya de esconderme.

Evolución de los juicios y sentencias

Hoy, 4 años tras los hechos, he agotado todos los recursos judiciales que existen a nivel nacional: los dos juicios que he llevado al Tribunal Constitucional han acabado en sentencias en mi contra. Aunque también ha habido varios votos particulares respaldándome.

El primer recurso es contra la actuación judicial que me ha quitado todo derecho a decidir, sin contrastar los hechos. Según los protocolos existentes en este país, antes de emitir tal orden judicial, deberían haber contactado conmigo, comprobar que no estaba queriendo poner en peligro a nadie y, ante la duda de si la vida de mi bebé estaba en peligro o no, pedir la opinión de otro profesional, evitándome así tal infierno.

Este recurso ha recibido una sentencia negativa del Tribunal Constitucional en junio 2022. Esta sentencia sienta un grave precedente en nuestro país al afirmar que, si estás embarazada, dan igual tus derechos y tus decisiones: si un médico dice que la vida de tu bebé está en peligro, lo pierdes todo. No hace falta que esté realmente en peligro, no. Basta con que lo digan, no tienen que demostrarlo y, de hecho, aunque tú demuestres, a posteriori, que no era el caso, no importa: la palabra del médico es ley, y tus derechos, papel mojado. Para esta primera vía, el año pasado una de mis abogadas, realizó una colecta de fondospor su propia cuenta, con el objetivo de seguir adelante y llevar este recurso a Estrasburgo y, si hace falta, también a la ONU.

El segundo recurso, contra la actuación del hospital durante mi ingreso forzoso, también ha recibido una sentencia negativa, en marzo de 2023. Cuando leí la sentencia, no sabía si reír o llorar. Básicamente se dedican, durante 86 páginas, a decir que: si el personal del HUCA no lo apuntó en mi historia clínica, no hay pruebas de que hayan ejercido violencia obstétrica. Vergüenza ajena me da... Además de ser un razonamiento sumamente absurdo, los dados han sido trucados: simplemente ignoran los testimonios y peritajes que aportamos. Ni siquiera se dignan a mencionarlos. Como si no existieran. Dan todo el crédito del mundo a la palabra del acusado e ignoran al demandante (en este caso, a la víctima) y las pruebas que aporta, haciendo evidentes sus prejuicios y parcialidad. Muchos culpables, en sus juicio, no reconocen los hechos, no dejan pruebas, por escrito, de sus actos, pero eso no significa que que no sean culpables. Pero claro, si el acusado es un médico y se le acusa de violencia obstétrica... Todo cambia. ¿No? Para esta segunda vía estamos recaudando dinero hoy, para poder llevarla a la ONU, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y que se reconozca, una vez más, la existencia de la violencia obstétrica en España, para hacer valer nuestros derechos, como mujeres, hasta en los paritorios.

Sabíamos que esto podía pasar, aunque no nos imaginábamos que fuera de manera tan descarada ni que nos fuera a suponer tal importe económico y desgaste emocional. Pero no todo está perdido puesto que en ambas sentencias hay votos particulares a mi favor, y muy prometedores. Aunque son una minoría, sí que hay magistrados que han hecho su trabajo correctamente y entienden que lo que denunciamos es legítimo y no se debería permitir.

Inmaculada Montalban Huertas, magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, se muestra especialmente crítica en cuanto a que haya podido dar mi consentimiento informado y a la falta de rigor del Tribunal Constitucional con respeto al estudio de mi demanda, tal y como lo demuestran estos fragmentos de su voto particular en esta última sentencia: "El contexto fáctico coactivo, en el que se encontraba la demandante, impide que el consentimiento prestado a los tratamientos médicos pueda calificarse como libre y consciente. El consentimiento se obtiene tras la información conminatoria de que estaba obligada, por orden judicial, a seguir los protocolos hospitalarios. La única elección que le ofrecían era la de someterse resignadamente a las actuaciones médicas que se le proponían; o bien no aceptarlas y esperar a que realmente no hubiera otra opción posible y soportar su práctica forzosa. Esto no constituye un verdadero consentimiento. Lo importante, a nivel de protección constitucional, es que pudiera prestar un consentimiento libre.

El análisis de las circunstancias concurrentes es aún más necesario cuando las cuestiones constitucionales se refieren al proceso del embarazo, parto y maternidad, que es un acontecimiento de la máxima trascendencia en la vida afectiva y sexual de la mujer. La función de garante de los derechos fundamentales que corresponde a este Tribunal exige un análisis fáctico y jurídico constitucional completo y no fraccionado ni parcial. El Tribunal debió comprobar el historial clínico y el informe pericial psiquiátrico emitido por Licenciada en Medicina y Cirugía, Especialista en Psiquiatria para así formar criterio del conjunto de circunstancias que rodearon la prestación del consentimiento de la demandante. Las conclusiones de la especialista en psiquiatria, la demandante: presenta un Trastorno de Estrés Postraumático postparto, desencadenado por el trato recibido durante el nacimiento de su hijo en el hospital; el ser sometida a un ingreso forzado se considera como un criterio más que suficiente de estresor agudo. Que la paciente rechazara un examen vaginal dados sus antecedentes de víctima de violencia sexual y que este rechazo no fuera respetado, resulta especialmente traumático y lesivo para la paciente, que ve así dañada su dignidad y capacidad para confiar en profesionales sanitarios en un futuro, además de perjudicial para el progreso del parto. La actuación institucional-sanitaria que se llevó a cabo sobre la demandante vulneró sus derechos fundamentales a la integridad física y moral (art. 1 5 CE) y a la intimidad personal (art. 1 8 CE). Derechos que quedaron completamente preteridos a la protección de la vida e integridad del nasciturus, hasta el punto de vaciarse de contenido.Constituyó, igualmente una discriminación por razón de sexo -prohibida por el art. 1 4 CE- en cuanto trato degradante y peyorativo dispensado a una persona por un hecho -la maternidad y el parto directamente vinculados con el sexo femenino."

Por su parte, la Magistrada María Luisa Balaguer Callejón expresa en su voto particular la manera en la que se ejerce violencia obstétrica, y cómo los responsables están siendo respaldados por un sistema judicial que hace la vista gorda, evita los temas delicados, y se basa en prejuicios.

"El pronunciamiento que resuelve el presente recurso de amparo, parte de la existencia de una situación inicial no lesiva de derechos, y se limita a analizar las actuaciones médicas que siguieron a aquel ingreso, obviando las circunstancias en las que se produjo, y el impacto que tales circunstancias pudieron tener en la integridad física y moral de la recurrente en amparo. El razonamiento es excesivamente formalista y no tiene en cuenta ni las condiciones en que se produce el ingreso hospitalario, ni la noción de violencia obstétrica, a pesar de que se apunta la cuestión por las partes y aunque se cita algún documento internacional al respecto, no se considera a la hora de resolver el recurso de amparo.

*El proceso de alumbramiento se había iniciado previamente de forma natural, lo que hacía desaparecer la justificación de la intervención judicial, esto es la indicación de provocar el parto de forma artificial. Resulta claro que las decisiones de la mujer embarazada sobre el desarrollo del parto y sobre su integridad física, la gestión de su propio proceso de parto, sobre su cuerpo, quedaron absolutamente supeditadas en todo el proceso, a la preservación del interés identificado como superior. El órgano judicial no toma en consideración, con una mínima razonabilidad, la posibilidad que existan criterios médicos dispares sobre la gestión del parto."**

¿Y ahora, qué? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo?

Por esos votos particulares, sabemos que estamos muy cerca de ganar esta batalla judicial. Por eso y porque sabemos que el Tribunal Constitucional es bastante conservador, pero no es el caso en la ONU. Allí ya existen sentencias favorables en casos similares al mío. Allí no se atreverán a decirme que obligarme a que un desconocido me realice tactos a la fuerza, bajo coacción y amenaza (cuando expliqué previamente negarme por haber sufrido abusos sexuales y ofrezco otra persona, cualificada y colegiada, de mi confianza, para realizarlos) no es violencia obstétrica.

No podrán negar, puesto que lo recoge mi historia clínica, que me he negado en varias ocasiones a firmar el consentimiento informado para ciertas intervenciones. Si leen los testimonios aportados, se darán cuenta de que los acabé firmando por una mentira y bajo coacción. Acabé firmando por una epidural que no quería porque me dijeron que tenían otra orden judicial que les daba permiso para hacer conmigo lo que quisieran. Acabé firmando por una epidural que no quería porque, de no hacerlo, según ellos, me podían mandar al quirófano ipso facto. Descubrí semanas más tarde que esta supuesta segunda orden judicial nunca existió. Se tiraron un farol. Y yo, tras varios días sin dormir, con contracciones y en medio de este caos, para evitar una cesárea injustificada, firmé.

Firmé bajo coacción por una epidural, por una rotura artificial de la bolsa, por una monitorización continua, por morfina, por un sinfín de cosas que no quería. Y tragué sus consecuencias: de tanto intervenir, de tanto forzar algo a contrarreloj y en ambiente tan hostil, acabé agotándome. El parto no podía progresar en medio de burlas, amenazas, y coacción constante. Ausencia total de intimidad, territorio hostil, infinitas interrupciones... En casa progresaba perfectamente, pero ahí ya no. Y mi hija empezó a dar señales de que necesitaba nacer. No había urgencia real, no había peligro inminente, pero ya entendí que, en estas condiciones, yo no iba a poder parir. Así que no me quedó otra que acabar en cesárea, con anestesia general y separación postparto. Caí en la trampa. Porque es lo que es, una trampa.

Tampoco podrán ignorar, tal y como se hizo hasta ahora, los peritajes neutrales que nombran las secuelas que sigo sufriendo a día de hoy a consecuencia del trato recibido y de la experiencia traumática. Verán en estos peritajes que ni la vida de mi bebé ni la mía corrían mayor peligro en casa que en el hospital. De hecho, no digo que no corría peligro, porque el riesgo cero no existe. Nunca. En ninguna casa ni en ningún hospital. Pero lo que sí relatan estos peritajes, es que el embarazo prolongado (y, de haberse dado, el parto en casa en estas circunstancias) presentaba pocos riesgos y, en todo caso, tantos riesgos como la inducción forzosa a la que quisieron someterme, saltándose sus propios protocolos al negarme el derecho al manejo expectante (monitorización fetal cada 24 horas para comprobar que todo siguiera bien). Esto demuestra claramente que, simplemente, la prepotencia del obstetra con el que me topé ese día se atragantó con mi osadía de querer elegir libremente, tal y como lo recoge la ley. Y esto, es violencia obstétrica.

Así que no me doy por vencida, sigo teniendo fe, aunque no será en este país, en que algún juez nos acabará dando la razón. Simplemente porque la tenemos. Estamos muy cerca de ganar esta batalla judicial, solo hace falta que alguien haga correctamente su trabajo. La ley está de mi parte, simplemente necesitamos, todas, que se aplique. No toleraré que mi vivencia sirva para que el Tribunal Constitucional permita que la violencia obstétrica campe a sus ancha en este país y que unos médicos canallas se conviertan en jueces todo poderosos y, encima, en total impunidad.

Por eso, 4 años tras los hechos, tras haber agotado los recursos judiciales nacionales, tras haber luchado, tras haber leído cada calumnia en la prensa, tras haberme expuesto tanto e invertido tanta energía en hacer visible la tortura que vivimos mi hija y yo, pido ayuda, pido sororidad, pido dinero, una vez más, para llevar mi caso al CEDAW. Agradeciendo infinitamente toda la generosidad que ya habéis tenido, me habéis dado alas. Sin vosotras, nada de esto habría sido posible. Pero no podemos abandonar aquí, tan cerca de la victoria. Os necesito para dar un pasito más. No por mí, yo ya no tengo nada que ganar ni perder. Por mis hijas, por todas las personas que, como yo, han aportado en los anteriores crowdfundings creyendo que algún juez en este país nos iba a dar la razón, por todas nosotras, paridas y por parir. Para que nadie más pase por este infierno en total indiferencia. Para que instancias internacionales como la ONU les recuerden a nuestras instituciones nacionales que tienen obligaciones, que tenemos derechos, que la impunidad no existe y que las mujeres, tenemos voz. Para pararles los pies. Porque estas dos últimas sentencias son auténticas injurias hacia las mujeres. Para que podamos parir libres y libres de prejuicios.

Mayo 2023

2021

A mediados de diciembre, gracias a vuestra implicación y vuestra generosidad hemos alcanzado e incluso superado el objetivo que nos habíamos marcado con nuestra colecta de fondos: 11.430€ han sido donados con el fin de hacer justicia y sentar un precedente a favor de nuestros derechos reproductivos. Os quiero agradecer cada céntimo aportado porque sin vosotras la lucha no podría existir, por mucho que esté yo dispuesta a coger las armas. Se trata de una pelea contra Goliat, pero somos tantas que me atrevo a decir que sí, la ganaremos.

Y para agradeceros tanta implicación quiero manteneros informadas de los avances del proceso judicial. Desde el inicio hemos llevado la batalla por dos vías distintas a la vez: por una parte, atacamos la actuación del hospital que me humilló, coaccionó y secuestró. Y, por otra parte, contra la judicialización de los partos, atacamos el hecho de que, sin conocerte de nada ni dignarse en ningún momento a escucharte, una jueza pueda privarte de toda libertad de decisión sobre tu propio cuerpo.

En enero de 2021 nos llegó una sentencia: el Tribunal Supremo desestima nuestro caso. Bueno, es una decepción, pero sabíamos que podía pasar. Lo que no nos esperábamos es que nos condenaran en costas. No os voy a engañar, ha sido una gran desilusión mezclada de rabia e impotencia. Aprieto los dientes y me caen las lágrimas. No me puedo creer que, no solo se niegan a estudiar mi caso, sino que, además, me castigan por atreverme a criticar la actuación de un hospital público. Esto es un nuevo ataque a nuestros derechos; esta vez, en concreto, es intimidación para que yo no haga uso de mi derecho a defenderme. Ha sido un golpe duro, un golpe que supone gastos extra. Pero después de pensarlo mucho, después de dos días y dos noches llorando todas las lágrimas de mi cuerpo, decidí que no puedo dejarlo así. Sentí vergüenza por haberos pedido ayuda, pero también sentí que vuestro esfuerzo no podía ser en vano. No importa el desgaste emocional, tengo que recurrir esta decisión.

Si no consigo que se haga justicia a nivel nacional probablemente necesite recaudar más dinero para llevarlo al Tribunal Europeo. Pero lo cierto es que no puedo abandonar ahora, no puedo darles la razón, no puedo hacerle esto a mi hija ni tampoco a todas vosotras. Si he de perder esta batalla que sea por derrota completa, que acaben conmigo, yo no pienso rendirme, que se quiten ellos la máscara y enseñen su verdadera cara.

Y, como para reforzarme en mi decisión, pocos días después tuvimos respuesta del otro recurso que interpusimos hace meses: el Tribunal Constitucional admite nuestro caso. Es decir que reconocen que ante casos de judicialización de partos no hay jurisprudencia en este país y es necesario aclarar qué lectura de la ley se puede hacer. Esta todavía no es una victoria, no es una sentencia favorable. Pero sí es una puerta que se abre. La posibilidad de ganar, o no, pero por lo menos de que se estudie la cuestión. Y, si no ganamos, seguiremos. Porque sabemos que tenemos razón y que lo que hicieron conmigo fue una aberrante injusticia. Yo no me rendiré y mientras haya gente apoyando la causa y luchando a mi lado esto no habrá acabado.

Febrero 2021